Una declaración de los Obispos Católicos de Pennsylvania

Introducción

Muchos de los valores profundamente asentados que compartimos los estadounidenses hunden sus raíces en nuestra fe católica. Estos valores se deben reflejar en la deliberación y el debate públicos que moldean la dirección de nuestra sociedad. La voz de la religión y la fe no debería ser nunca silenciada por una cultura secular cada vez más difundida. Los derechos y libertades inalienables de toda persona de hablar, practicar su religión y participar en el gobierno de este país es parte integral de la Constitución de los Estados Unidos. Lamentablemente, en los últimos tiempos ha habido intentos de marginar las creencias religiosas y de apartar del debate sobre las políticas públicas todos los valores religiosos. Esta tendencia no refleja nuestra herencia estadounidense. Los católicos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el debate acerca de las cuestiones que afectan al bien común, de ejercer bien su ciudadanía y de participar en la edificación de una sociedad justa. Desde los comienzos de nuestro país, los católicos han ejercido la ciudadanía responsable y han participado activamente en el proceso político, y también han derramado su sangre para defender este país.

Las cuestiones de política pública son diversas y, a menudo, complejas. Algunas son relativamente simples, como las leyes sobre la conducción o el establecimiento de normas para la fabricación de bienes. Otras se refieren a la dignidad humana, a la protección de los derechos humanos básicos y a asegurar que no se erosionará la libertad religiosa. Dado que con frecuencia las leyes tienen una dimensión moral y ética, la ley moral natural y los valores del Evangelio que son el fundamento de nuestra fe católica deben cumplir una función en el diseño de la política pública.

Al instituir su Iglesia, Cristo otorgó a los apóstoles y sus sucesores la responsabilidad de hablar en defensa de la fe y la moral y de aplicar esa enseñanza en las circunstancias de nuestro tiempo.Por lo tanto, es nuestro deber como obispos expresar cómo se aplican a la política pública de hoy en día los valores arraigados en nuestra fe católica.

A veces, hay personas y organizaciones que sostienen que los valores del Evangelio y, por lo tanto, las personas que los expresan, no cumplen ninguna función en el escenario político y no deberían participar en las cuestiones de política pública. Como pastores del pueblo de Dios, los líderes de la Iglesia tienen el derecho y la responsabilidad de guiar y formar la conciencia de su pueblo, proclamando la posición de la Iglesia sobre los derechos de los trabajadores, el acceso al cuidado de la salud, la preocupación por los pobres y el derecho a la vida, los derechos de los enfermos y agonizantes y el derecho a estar exentos de los mandatos gubernamentales que violan las creencias religiosas.

Esta guía de preguntas y respuestas se ha diseñado para aclarar cómo la Iglesia, actuando a través de los líderes designados por Cristo -los Obispos, sucesores de los Apóstoles- tiene una responsabilidad que cumplir en el diseño de la política pública.

¿Qué es la Iglesia?

La Iglesia es una comunidad de creyentes establecida por Cristo “para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 771). Cristo instituyó la Iglesia para cuidar de los seres humanos y guiarlos al cielo. Su doctrina es un reflejo de la revelación de Cristo. Las enseñanzas de Cristo sobre los mandamientos de Dios son verdaderas y no están sujetas a la aprobación humana, a la modificación por parte del hombre o al voto de la mayoría. Dado que la Iglesia vive en medio de la sociedad, no puede permanecer indiferente a las cuestiones de política pública. La Iglesia debe tener libertad para hablar en el escenario público acerca de las cuestiones importantes de nuestro tiempo, ya que estas cuestiones afectan el destino de las almas inmortales.

La Iglesia Católica y su pueblo han desempeñado un papel importante e influyente a lo largo de la historia de Estados Unidos. Desde los mismos comienzos de nuestro país, la Iglesia ha estado a la vanguardia, edificando esta gran nación al proporcionar en forma eficaz cuidado de la salud, educación, servicios sociales y atención pastoral, y al rescatar a millones de inmigrantes y sus descendientes de la pobreza y ubicarlos en la clase media e incluso más allá.

¿Cómo participa la Iglesia en la vida cívica?

La Iglesia participa en la vida cívica principalmente a través de la vida de sus miembros, hombres, mujeres y niños que viven su fe en el curso de su trabajo, estudio, esparcimiento, actividades y vida familiar cotidianos y a través del ejercicio de sus deberes como ciudadanos. La cultura secular contemporánea plantea un desafío a los creyentes. Éste es uno de los motivos por los que la Iglesia desea informar a los fieles acerca de todas las cuestiones de inquietud pública. Por medio de la proclamación pública de la doctrina cristiana, los líderes de la Iglesia ofrecen una perspectiva única y valiosa sobre las cuestiones de política pública que tienen consecuencias sociales y morales.

Cada persona católica es tanto un ciudadano de nuestra nación como un miembro de la Iglesia. Por lo tanto, las cuestiones de la Iglesia y el Estado se superponen en la conciencia individual de cada uno de nosotros. Es por eso que debemos estar preparados para llevar a nuestra vida cívica los imperativos morales de nuestra conciencia personal. Fue Thomas Jefferson quien recordó a la nación que no hay una distinción entre la moralidad pública y la moralidad privada. En una carta a James Madison, fechada el 28 de agosto de 1789, escribió: “Conozco sólo un código de moralidad para todos los hombres, ya sea que se actúe individual o colectivamente.”

¿Cuál es la responsabilidad del Estado respecto de la Iglesia y sus creencias?

El Estado está llamado a salvaguardar y garantizar el libre ejercicio de los derechos de la Iglesia, y de sus restantes organismos religiosos, sin interferencias, respaldos o sanciones. La Iglesia debería disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra organización, precisamente expresar sus creencias, instruir a sus miembros y participar activamente en las deliberaciones públicas.

¿Cómo entiende la Iglesia la “libertad religiosa”?

Toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios y, por lo tanto, tiene la obligación de buscar la verdad. La enseñanza católica entiende la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Tal como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica: “El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un derecho supuesto al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el orden jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2108). Una dimensión esencial de esta libertad religiosa es también el derecho a la libre asociación: a fundar comunidades de fe organizadas que sean iglesias y otras instituciones. En otras palabras, las autoridades políticas tienen la obligación de asegurar la libertad de cada persona para profesar su fe, vivir según ella y transmitirla a sus hijos. Los fundadores de nuestra nación deseaban proteger la libertad a la religión, no así legislar para la libertad de la religión.

¿Cómo se mantiene la Iglesia fiel a su misión en una sociedad pluralista?

La Iglesia tiene el mandato otorgado por Cristo de dar testimonio del Evangelio. La Iglesia ofrece de diversas maneras este testimonio, por medio del ministerio al pueblo de Dios, el cual incluye la educación, el cuidado de la salud y el servicio social. La Iglesia también tiene la responsabilidad de educar a sus miembros en la doctrina católica en pleno, incluidas sus enseñanzas sociales, iluminando y explicitando la dimensión moral de las iniciativas de política pública e impulsando obras de caridad y justicia. Las leyes civiles y los funcionarios públicos deben respetar la libertad de la Iglesia y de sus instituciones para llevar a cabo las enseñanzas esenciales sobre la vida humana, el matrimonio, la justicia y el bien común. Cuando la Iglesia y otros grupos religiosos tienen la libertad para cumplir su misión, se respalda el respeto de nuestra sociedad por la tolerancia, el pluralismo y la diversidad.

¿Cómo ejerce la Iglesia la “ciudadanía comprometida”?

La Iglesia tiene una historia de activa participación al servicio de todas las personas de la comunidad. Consideremos, por ejemplo, la preocupación de la Iglesia por los pobres y los marginados, el cuidado de la salud, la vivienda y la educación. La Iglesia continúa clarificando las cuestiones sociales y morales sobre la base tanto de la ley natural -la ley escrita en el corazón de cada persona- como de la verdad divina revelada. Con excepción de la Iglesia Católica, son pocos los que hablan hoy en forma clara, uniforme o elocuente a favor de las cuestiones fundamentales de la justicia: la vida, la dignidad humana, la protección del matrimonio y la familia, la solidaridad y el bien común. Estos conceptos reflejan por sí mismos los valores fundamentales de la enseñanza social católica.

Al aplicar los valores del Evangelio a las cuestiones de política pública, los obispos y los organismos de la Iglesia necesitan libertad para expresarse. La posición de la Iglesia sobre política pública se hace conocer por medio de los líderes ordenados de la Iglesia y se refleja por medio de los grupos y personas que hablan con una voz conforme a las enseñanzas de la Iglesia. La enseñanza o la posición sobre política pública de la Iglesia no se refleja auténticamente en grupos o personas que afirman sus propios puntos de vista divergentes, aun cuando sostengan que hablan en nombre de la Iglesia. La posición de la Iglesia tampoco se encuentra en encuestas de opinión pública que pretenden mostrar qué piensan los miembros de la Iglesia Católica. Esos esfuerzos no representan las posiciones de la Iglesia sobre política pública, las cuales se basan en la revelación de Dios, sus mandamientos y la tradición teológica y moral de la Iglesia.

Cristo ha determinado que los obispos de la Iglesia son los maestros autorizados de la Iglesia Católica. Son los que comunican la concepción de la Iglesia sobre los principios morales y de justicia social que deben guiar la aplicación de la enseñanza católica a la política pública. Los votantes, los políticos y los medios de comunicación deben considerar a los obispos como los maestros oficiales de la Iglesia para determinar y evaluar las políticas propuestas a la luz de la enseñanza católica. Los votantes, candidatos y funcionarios electos católicos no deberían ocultar su fe sino que deberían abrazar el llamado a ser ciudadanos activos y fieles que llevan a la vida pública los valores morales de su fe.

Los obispos han escrito: “Urgimos a nuestros conciudadanos a que vayan más allá de la política partidista, que analicen las promesas de las campañas con un ojo crítico y que escojan sus dirigentes políticos según su principio, no su afiliación política o el interés propio. Como obispos, no deseamos instruir a las personas sobre cómo votar refrendando u oponiéndonos a ciertos candidatos. Esperamos que los electores examinen la posición de los candidatos en la gama plena de asuntos, así como también su integridad, su filosofía y su desempeño personal” (El reto de Ciudadanos Comprometidos).

¿La Iglesia pretende imponer su moralidad? ¿Esto no viola la separación entre la Iglesia y el Estado?

La Constitución protege el derecho al libre ejercicio de la religión, así como también prohíbe que se establezca una religión o iglesia patrocinada por el Estado. La separación entre la Iglesia y el Estado, que tan a menudo se malinterpreta, no conlleva de manera alguna una separación entre la ley y la moralidad o entre la moralidad y la vida pública. Algunas personas sostienen que la moralidad no puede ni debe ser legislada. Esta postura pasa por alto el importante hecho de que la ley a menudo formula una posición moral, prohibiendo una acción o requiriendo otra.

¿En qué sentido las cuestiones como la cobertura de seguro obligatoria de la anticoncepción, el acceso al aborto, la capacitación obligatoria para efectuar abortos para los estudiantes de medicina, los matrimonios del mismo sexo, etc., violan el derecho fundamental a la libertad religiosa?

Este tipo de leyes y reglamentos requieren que la Iglesia sacrifique su integridad, es decir, el núcleo mismo de sus creencias, tradiciones y enseñanzas. La imposición de esos requisitos coercitivos por parte del Estado prohíbe, en áreas específicas, la disposición de la Iglesia para participar en el libre ejercicio de la religión protegido por la Constitución. En forma cotidiana, la Iglesia abraza su llamado a cuidar a los enfermos y ancianos, educar a los jóvenes, proteger la vida humana, fomentar las familias, acoger a los inmigrantes y brindar respaldo a los marginados. El forzar a la Iglesia a comprometer su integridad imponiendo reglamentaciones que se oponen a sus enseñanzas y a su misma conciencia no sólo infringe el derecho de la Iglesia a ser católica sino que también abroga el principio fundador de libertad religiosa de nuestra nación.

Ninguna ley debería exigir que las instituciones religiosas comprometan las creencias que afirman en forma válida. Sería escandaloso que se obligara a los comerciantes mormones a vender alcohol, que se obligara a los chefs hindúes a servir carne vacuna, que se prohibiera a los judíos circuncidas a sus hijos varones o que se forzara a los pacifistas cuáqueros a prestar servicio en las fuerzas armadas. Toda ley que impusiera tales demandas se desestimaría con justicia como una violación de los derechos humanos. Las leyes que imponen demandas similares a los hospitales, universidades o familias católicas no son menos represivas. Los católicos tienen el derecho y la obligación de expresarse respecto a estas cuestiones.

Nuestra nación no será totalmente libre hasta que su política pública respete la conciencia de todos sus miembros.

Traducción de: Come Alive Communications, Inc.
www.ComeAliveUSA.com

(c) 2004 Pennsylvania Catholic Conference

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